Archivo AeroBCN.com
A raíz de la situación vivida estos días en el Aeropuerto de El Prat, donde ha habido donde grave problema de acumulación de maletas que ha afectado a miles de pasajeros, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha decidido intervenir de oficio. En Cataluña el Síndic es el equivalente al Defensor del Pueblo.
Ribó considera que se debe poner freno a los abusos por parte de las compañías aéreas en épocas de gran afluencia, como el caso actual, que ha coincidido con unos días de mucho tráfico de viajeros.
El Síndic encuentra inaceptable el servicio que reciben los pasajeros, no sólo por el agravio en sí, sino por el servicio de atención que se les ofrece a posteriori, en contra de lo que establece el Código de Consumo de Cataluña.
Así, tanto en este último caso, que ha implicado la compañía Vueling, como en otras ocasiones, los viajeros afectados tienen muchas dificultades para acceder a los sistemas de reclamación habilitados, especialmente el teléfono. Además, el teléfono que se proporciona a menudo es un 902 (de pago) y la línea suele estar ocupada, con lo cual la llamada queda en espera durante muchos minutos.
El Síndic recuerda que, como dicta el Código de consumo, los transportes son un servicio básico, es decir, que son de carácter esencial y necesario o que tienen un uso generalizado entre las personas consumidoras.
Por ello, y dado que esta situación se puede repetir, se ha dirigido a la Administración y las empresas del sector para analizar conjuntamente con todos los actores implicados posibles medidas y cambios normativos, si son necesarias, que garanticen la defensa de los derechos de las personas afectadas y que eviten hechos como este.
El Síndic también considera que, en caso de que tenga lugar alguna situación de retrasos, pérdida o acumulación de equipaje, o cualquier incidente que afecte a los pasajeros, hay que regular que la atención al viajero sea inmediata y se le indemnice por los daños que los retrasos le hayan podido causar.
En concreto, el Síndic se ha puesto en contacto con el Ministerio de Fomento, las direcciones generales de AENA y del Aeropuerto de Barcelona – El Prat, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, y las compañías Groundforce, de asistencia en tierra, y Vueling.