La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas
Nueves meses llevamos esperando Coalición Canaria y Nueva Canarias a que comparezca la ministra de Fomento ante la Comisión de Fomento del Congreso para que informe sobre el proceso de privatización parcial de AENA.
Nueve meses en los que el Gobierno del Estado ha optado por eludir su responsabilidad de informar sobre su gestión ante las Cortes Generales y ha optado por la vía que más explotan en esta legislatura: la aprobación unilateral, sin debate previo, de todas sus reformas, incluidas aquellas que afectan directamente al desarrollo económico y estratégico de territorios especialmente sensibles como Canarias.
La ministra de Fomento no ha tenido el valor de dar la cara donde corresponde y ha evitado poner sobre la mesa en las Cámaras legislativas las distintas opciones que existen sobre cómo se debería gestionar la red de aeropuertos. Como en anteriores ocasiones, han diseñado y aprobado sus planes en despachos cerrados y en reuniones reservadas a determinados sectores, en las que se ha vetado la presencia de las Comunidades Autónomas.
En su carrera en solitario para reformar toda la arquitectura legislativa y los modelos de gestión de las administraciones y las empresas públicas, el Gobierno del Estado ha dado un paso en falso al cerrar las puertas a las autonomías en el sistema de gestión, apostando por un modelo que supone un gravísimo error para el futuro de la red aeroportuaria.
El Gobierno del Estado, como otras tantas veces, obvia que los Estatutos de Autonomía de Canarias, Cataluña o País Vasco “asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa”. Y los representantes de los tres territorios ya han advertido a Fomento que activarán sus respectivos Estatutos en el caso de que insista en mantener la senda que ha abierto para la privatización parcial de los aeropuertos.
El Gobierno asegura basarse legalmente en el Real Decreto-ley 13/2010, aprobado en la pasada legislatura, pero oculta deliberadamente que en el mismo se indicaba en su preámbulo -como propósito normativo- abrir vías para la gestión individualizada de los aeropuertos a través de la creación de filiales o el otorgamiento de concesiones de gestión.
La gestión individualizada es un modelo común en Europa, Estados Unidos, Canadá o Australia, donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene España, que terminará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia y profundas repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario. De hecho, España se configura dentro del ámbito europeo como el único país con sistema de gestión centralizada y conjunta en manos de AENA con un volumen elevado tanto de infraestructuras como de pasajeros transportados.
Con motivo de la reforma del sector aeroportuario, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) elaboró dos documentos en los que se alinea abiertamente con las tesis que defendemos los grupos nacionalistas. Dos documentos que, lamentablemente, no han sido tenidos en cuenta por parte del Gobierno. En ese análisis, se subraya como un aspecto negativo que “las principales decisiones sobre las variables relevantes se toman centralizadamente para todos los aeropuertos, limitando en gran medida la posible competencia entre infraestructuras aeroportuarias, que contribuirían a precios más eficientes, mayor calidad y mayores beneficios para los usuarios. Todo ello conlleva una falta de tratamiento individualizado de cada aeropuerto, un desincentivo a la eficiencia económica, posibles subvenciones cruzadas y una menor correlación entre inversiones y tráfico”.
La CNMC también entiende que “el proceso de reflexión debería analizar el impacto de los cambios tanto sobre la eficiencia del sistema económico en su conjunto como sobre los diferentes grupos de interés relacionados con los aeropuertos (a saber, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, posibles participantes privados, operadores aeroportuarios, pasajeros, empleados de aeropuertos y de los servicios de navegación aérea, concesionarios) permitiendo a estos últimos participar en las modificaciones a través de un procedimiento de consultas”.
Los intereses de los nuevos socios que se sienten en el Consejo de Administración no coincidirán siempre con los planes que necesitaría desarrollar Canarias, entre los que hoy se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la pista del aeropuerto de Lanzarote, la ampliación del horario de apertura de Fuerteventura, la solución al grave problema que se enfrentan los vecinos de Ojos de Garza, las nuevas pistas de Tenerife Sur y Gran Canaria o el trato diferenciado de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro.
Y una advertencia: una sentencia europea que declare el modelo centralizado de AENA como contrario a las normas de la competencia comportaría un enorme coste presupuestario público que, en el caso previsible de que se produzca, repercutiría inevitablemente sobre los impuestos de los ciudadanos.
Frente a la recentralización y el monopolio, los nacionalistas canarios apostamos por una red propia: “Aeropuertos Canarios”.